La Administración Pública no puede estar de espalda a los intereses de la ciudadanía, oculta entre las paredes de los edificios públicos, ensimismada en sus asuntos técnico-administrativos. En la actualidad, los poderes públicos y sus aparatos administrativos han de estar al servicio del bien común y con plena transparencia en su actuación, exigencia de una democracia avanzada, no meramente representativa.

La propia Constitución exige en su artículo 103 que la Administración Pública sirva “con objetividad los intereses generales” y actúe con “sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.  Por su parte, el artículo 105 proclama que la ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Siguiendo con referencias normativas de derechos ciudadanos sobre la materia, la nueva Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 13, proclama entre los derechos que tenemos en nuestras relaciones con las Administraciones Públicas, el “derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo en lo previsto en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento jurídico”.

Es esa norma estatal la que regula en lo concreto el ejercicio de nuestro derecho a la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, como una facultad activa de petición, de acceso a los expedientes que se tramitan en las Administraciones Públicas con relevancia para el interés general, con las lógicas limitaciones, entre otras, relacionadas con la protección de datos, la seguridad pública o la investigación de delitos, entre otras. También se regulan los portales de transparencia que han de poner en marcha las Administraciones ofreciendo información de interés general.

Muy importante es el contenido del artículo 17 de la Ley 19/2013, que reproducimos por su interés práctico para el ejercicio del derecho:

Solicitud de acceso a la información.

  1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas.
  2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. b) La información que se solicita. c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
  3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
  4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.

Y en el artículo 18 se expresa que la inadmisión de las solicitudes de información deberá hacerse con la correspondiente resolución administrativa motivada.

Por su parte, en el ámbito de Andalucía, también contamos con la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, que regula procedimientos y órganos específicos para ejercer este derecho de acceso a la información pública, así como de la obligación de publicar en los portales de transparencia determinada información de interés general, en relación a la Junta de Andalucía y a las entidades locales.

En concreto, el artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, reconoce los siguientes derechos:

Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la Ley, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier persona a acceder, en los términos previstos en la Ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona solicitante a que la resolución que inadmita a trámite la solicitud de acceso, deniegue el acceso, conceda el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada, sean motivadas.

Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el derecho a utilizar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones de las que deriven de esta u otras leyes.

Todos estos derechos cuentan con la garantía del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, organismo creado para velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Desde esta tribuna animo a ejercer este derecho de transparencia, a solicitar información administrativa de interés general a los poderes públicos, para incrementar el nivel de calidad de nuestra democracia. No basta con votar cada cuatro años.

Ángel B. Gómez Puerto. Abogado. Doctorado (DEA) en Derecho Constitucional (UCO).

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