La Mezquita de Córdoba, un bien patrimonio universal, perteneciente al dominio público, con un estricto régimen jurídico protector (inembargable, imprescriptible e inalienable), en manos de una entidad privada, la Iglesia Católica, a través de una treta legal y con el silencio oficial clamoroso del momento. El artículo 132 de nuestra actual Constitución proclama, en cuanto al régimen jurídico de los bienes de dominio público, los principios de inalienabilidad (no pueden ser vendidos), imprescriptibilidad (no pueden ser adquiridos por privados a través del uso pacífico por el paso del tiempo) e inembargabalidad (no pueden ser objeto de embargo).

En 2010 le dediqué una tribuna de  opinión al actual Obispo de Córdoba, en los ocho periódicos del grupo Joly, cuando el Prelado anunció el cambio de nombre de Mezquita-Catedral (que lo había decidido el pleno del Ayuntamiento en los años noventa del pasado siglo XX) a Catedral, negando una evidencia arquitectónica, patrimonial, cultural e histórica. Una aberración. Una provocación. Un atentado a la concordia y diálogo entre culturas. Y sigue.

La plataforma ciudadana que defiende la titularidad pública de la Mezquita-Catedral ha denunciado en los dos últimos años que la Iglesia también se ha apropiado de plazas públicas. Privatización del dominio público, de los bienes del común, por parte de una confesión religiosa. Hechos de sobra conocidos.

Seguimos. Jardines públicos de la ciudad de Córdoba gestionados por un poderoso grupo empresarial (el mismo que gestiona la Casa de Acogida municipal y pronto la limpieza de la empresa municipal de autobuses), cuando antes eran gestionados por una empresa de inserción social. El cuatrienio negro del Partido Popular (2011-2015) sigue intacto. Privatizó el mantenimiento de los jardines públicos, cerró la escuela infantil municipal, despidió a trabajadores. Y su nefasta obra sigue en pie y renovándose las privatizaciones actualmente.

El último episodio ha sido que una entidad privada, la Agrupación de Cofradías, nos “ha comunicado” a la ciudadanía cordobesa que durante la Semana Santa, en la nueva carrera oficial que rodea la Mezquita (Catedral según el señor Obispo), a las vías públicas (dominio público) sólo podrán acceder las personas que hayan comprado el correspondiente “tickets de acceso a los palcos”,  y esgrime el documento que es “por motivos de seguridad y evacuación”.

La aberración jurídica y democrática de este episodio que está ocurriendo actualmente en la ciudad de Córdoba es total. Una entidad privada nos comunica a la ciudadanía instrucciones de uso (de no uso temporal en este caso) de la vía pública, de lo que es del común. Y todo esto ante el permiso por acción u omisión de las autoridades municipales.

Estamos más que legitimados a decirle a nuestro poderes públicos que así no se protege ni defiende los bienes que son de todas las personas que formamos parte de esta comunidad política denominada ciudad de Córdoba. Estamos más que legitimados a registrar escritos denunciando tal atrocidad y a decirlo en toda tribuna pública que tengamos a nuestro alcance. Defendamos lo público. Paremos la privatización de los bienes del común.

Ángel B. Gómez Puerto. Abogado y Doctorado (DEA) en Derecho Constitucional.

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