En nuestro ordenamiento jurídico constitucional conviven dos conceptos muy distintos del principio de igualdad. Lo más común es entender la igualdad como principio formal de igualdad ante la Ley. Esta es la versión más conocida, con más recorrido histórico, la más “popular”. Es el principio que consagra el artículo 14 de nuestro actual texto constitucional cuando proclama que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Aparentemente, con esta literatura jurídico-constitucional pareciera que estemos ante una regulación completa, redonda, cerrada, de la igualdad. Pero en realidad, es una mera declaración formal. Muy bien, vale, todos y todas somos iguales ante la ley. Pero, en la realidad social y económica de cada persona, de qué forma este principio será real y efectivo.

Como anticipaba al inicio, en nuestra Constitución aparecen dos conceptos de igualdad. El otro, mucho más importante desde mi punto de vista, lo encontramos unos preceptos antes, en el artículo 9.2, es la denominada igualdad material. Dicho precepto recoge lo que algunos autores denominan “la cláusula social” del estado democrático. Proclama que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Para dar cumplimiento al importante contenido de este artículo 9.2 es imprescindible que los poderes públicos, todos, desde la Administración General del Estado hasta los Ayuntamientos y pasando por las Universidades y otras entidades públicas, desarrollen servicios y políticas públicas dotadas de recursos suficientes para que cualquier persona, con independencia de su condición o situación laboral o económica pueda tener las mismas oportunidades, para que de verdad todos los derechos y libertades proclamadas puedan ser reales y efectivos, para evitar que solo una minoría privilegiada tenga dichas opciones.

Lamentablemente, en la última década, con la excusa de la “crisis económica” se ha desarrollado una tendencia de vaciamiento de políticas y servicios públicos con la finalidad, nos decían, de salvar el sistema. Pero, una democracia no puede dejar tirados sin recursos a las personas víctimas de esa crisis. Un Estado Social y Democrático de Derecho, que es como se define nuestro país, ha de garantizar con recursos públicos la igualdad, condición indispensable para que haya libertad plena. Y para esto, no se pueden anteponer intereses económicos a intereses sociales o generales. Y si hacen falta más recursos, los poderes públicos habrán de exigir más aportación a los que más tienen en forma de impuestos pero nunca debieran eliminar servicios públicos, pues ello provoca empobrecimiento social y desigualdad.

La única manera de que se imponga el bien común y los intereses generales es que los poderes públicos cumplan con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución eliminando, removiendo, cualquier obstáculo que impida que la libertad o la igualdad sean reales y efectivas, Y esto sólo se puede conseguir desde lo público, con recursos y servicios públicos.

Ángel B. Gómez Puerto. Abogado. Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la UCO (2009-2012).

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