Cada mes de diciembre asistimos a una formalidad, la celebración de que disfrutamos de un “Estado social y democrático de Derecho” (así define a España nuestra Constitución en su primer artículo). En breve, se inicia de nuevo el tiempo para conmemorar la existencia de Constitución y Democracia en España, así como de una Declaración Universal de Derechos Humanos (el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos).

Mi condición de miembro del Colegio de Abogados de Córdoba desde 1993, y mi vinculación al área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba durante varios cursos académicos como profesor asociado y como investigador, me llevan a dedicar estas líneas al fundamental papel de la Abogacía de nuestro país en el desarrollo y defensa diaria de los derechos y libertades de la ciudadanía, así como los altos valores y principios que recoge nuestra Constitución, particularmente en lo dispuesto en el transcendental artículo 24 de nuestro texto constitucional, para evitar cualquier tipo de indefensión de la gente.

Hace unos años, el Consejo Andaluz de la Abogacía puso de manifiesto que se está implantando una “cultura social poco respetuosa con los derechos fundamentales de las personas, insensible ante las situaciones de vulneración de los derechos humanos que padecen muchos residentes en Andalucía, e insolidaria ante las carencias que sufren los sectores sociales más desfavorecidos”. En la misma resolución de los abogados andaluces, se reivindicaron “políticas sociales más efectivas para combatir la situación de miseria extrema en la que continúan viviendo cientos de miles de personas en Andalucía”.

Y en el último lustro, a cuenta de la crisis económica y social provocada por el ánimo desmedido de lucro de unos pocos, hemos asistido a ataques feroces a muchos derechos constitucionales, con reforma constitucional urgente incluida, que ponen en peligro toda la arquitectura jurídico-constitucional, pues, las posibles garantías para hacer efectivos derechos y libertades están en entredicho. La única manera de dar cumplimiento a muchos derechos humanos en nuestro país es con políticas públicas claras, con servicios públicos bien dotados que tengan como objetivo garantizar el principio de igualdad, y lamentablemente, la acción del gobierno de los últimos cinco años ha ido en dirección claramente opuesta a la ciudadanía que sufre las consecuencias de la crisis.

Como conclusión quiero resaltar la importante labor social que puede desarrollar el colectivo de la Abogacía para ese objetivo, en la defensa permanente de los derechos y libertades de los que actualmente disfrutamos los ciudadanos españoles, pues, son muchas las cuestiones que litigamos en las que tanto empresas como Administraciones vulneran derechos esenciales. Hemos llegado a sufrir hasta  despidos sin indemnización, que afortunadamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muy recientemente, ha dicho basta al Estado español, estando pendiente la correspondiente reforma legislativa para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.

Este objetivo de defensa de los valores y derechos básicos es clave. Y en este empeño, las Facultades de Derecho y los Colegios de Abogados han de potenciarse aún más como centros de alta formación de juristas para la democracia y para la generación de una ciudadanía más comprometida y crítica, para el bien común.

Ángel B. Gómez Puerto. Abogado. Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la UCO (2009-2012).

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